Para un amplio sector de la población, la Constitución de 1980 es la madre de las desigualdades de Chile. Si bien la carta magna no establece la privatización de sectores básicos, como la salud o la educación, fomenta la participación de los privados y reduce el tamaño del Estado. Pero para los detractores del proceso, un cambio a la Constitución podría minar la salud de la economía y el desarrollo social.
Equipo de Redacción DyH.
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